En los últimos años, el sistema de seguridad social, que siempre ha sido asociado a beneficios de jubilación y pensión, ha dejado de cumplir su función principal de acompañar a la población que deja la vida laboral para cubrir sus necesidades básicas.
El Instituto de Estudios Laborales y Sociales de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales ha realizado un estudio en el que se analiza el sistema de seguridad social en Argentina, haciendo hincapié en su distribución geográfica, relación con la población y altas netas en los últimos 13 años.
Según la Secretaría de Trabajo de la Nación, el sistema está compuesto por diferentes regímenes, leyes y organismos que cubren distintas contingencias, pero en el caso específico del sistema previsional, sólo 7 millones de personas reciben asistencia económica, de las cuales 5,4 millones son jubilaciones y 1,6 millones son pensiones.
Sin embargo, el IDELAS advierte que, debido a las ampliaciones de cobertura como las moratorias especiales, la Asignación Universal por Hijo y los subsidios por desempleo, el presupuesto del sistema ha aumentado significativamente y representa una gran parte del gasto público nacional. Esto, sumado a la falta de recursos propios, ha generado un déficit crónico que impide cumplir con el compromiso de otorgar el 82% móvil del salario a los beneficiarios.
Actualmente, la mayoría de los beneficiarios reciben el haber mínimo, que en abril fue de $171.283,31 y en mayo aumentará a $190.141,60, una cifra que está muy por debajo de la línea de pobreza establecida por el INDEC.
El informe también destaca la importancia de las moratorias previsionales como una herramienta para incluir a aquellos que no cumplían con los requisitos legales para jubilarse, como amas de casa o trabajadores informales. Sin embargo, esta política ha contribuido al creciente déficit y a la necesidad de asignar nuevos impuestos para financiar el sistema, lo que ha debilitado la capacidad de inversión del sector privado y ha aumentado el peso del Estado como principal generador de empleo.
El informe también señala una disparidad en la distribución de jubilados y pensionados en todo el país, con solo ocho jurisdicciones por encima del promedio general. Buenos Aires es la que cuenta con la mayor cantidad de beneficiarios, seguida por la Ciudad de Buenos Aires con una diferencia de casi dos millones de personas.
En resumen, el sistema de seguridad social en Argentina ha perdido su función esencial y está generando un círculo vicioso de dependencia del Estado, lo que afecta la economía y la distribución de recursos en el país.